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Presupuesto educativo

Presupuesto educativo

Distribución del presupuesto


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Presupuesto educativo

Los países desarrollados han comprendido que su mayor capital consiste en el recurso humano, por el conocimiento que pueden llegar a manejar y generar. Por lo cual invierten abundantes fondos para el fomento y desarrollo de sus habilidades, la adquisición tanto de conocimientos como de capacidad para el manejo de información y la pronta adaptación a nuevas tecnologías. Estos países asumen la inversión educativa con sentido estratégico, conscientes de que sin las inversiones adecuadas no podrán desarrollar su potencial económico de cara al futuro.

En nuestro país, como en todos los países, la mayor parte de la fuerza laboral se encuentran en los niveles más bajos del sistema económico, asistiendo a escuelas públicas, presentando muy bajo rendimiento en comparación con los alumnos de los colegios privados (y en general con estándares internacionales). Tan grave es la situación que el mismo Ministro de Educación del gobierno pasado afirmo públicamente que nuestra Educación Básica es un fraude, y algunas empresas aseguran que parte de nuestra fuerza laboral es "inentrenable".

Si no se aumenta significativamente la inversión en las escuelas oficiales, la brecha entre educación pública, a la que asiste la mayoría de la fuerza laboral del país (sin contar la parte que no asiste a la escuela) y la educación privada se acentuará, provocando una mayor desigualdad social, aumentando además la brecha entre los países avanzados y nosotros, y más esencialmente, entre el país que anhelamos y el que tenemos.

Debido a estas consideraciones todos los gobiernos declaran retóricamente que la educación es su máxima prioridad, su más íntima preocupación, pero esta inquietud no se ve reflejada a la hora de asignar recursos presupuestarios para el área. Hace falta genuina voluntad política de los distintos actores del gobierno para actuar en correspondencia con sus declaraciones públicas. Leamos algunas afirmaciones del pasado Ministro de Educación Antonio Luis Cárdenas:

Los países, y más concretamente sus gobernantes, tienen la posibilidad y la responsabilidad de decidir entre una buena o una mala educación, lo cual equivale a escoger entre el desarrollo con equidad o la marginalidad cargada de injusticias. Pero esa decisión no debe limitarse a la declaración de intenciones. Debe, concretarse en la asignación de todos los recursos necesarios para convertirla en realidad. Es imprescindible pasar del discurso a la acción, de las bellas declaraciones contenidas en nuestras constituciones democráticas, al ejercicio real de la justicia y la igualdad, es decir, al ejercicio efectivo de los valores éticos de la democracia (…)

Mientras no invirtamos más y mejor en educación, especialmente en Educación Básica de calidad para todos, los resultados van a seguir siendo muy desalentadores y no podremos mejorar los otros niveles de la educación, ni resolver los variados y difíciles problemas que afrontamos, en particular el de la pobreza y el de la falta de equidad que tanto nos preocupan. Antonio Luis Cárdenas, ministro de Educación. (Discurso del ministro de educación en la VII Conferencia iberoamericana de Educación. Informe Final ME-OEI, Mérida Venezuela 1997, p15.

¿Este es otro discurso que no pasó a la acción? ¿Durante la gestión del Ministro se concretaron las bellas declaraciones? Después de leer estas palabras constatamos que no basta con tener encargado del área a alguien que exprese claramente la situación para que se cumplan los planes deseados y se satisfagan las necesidades del sector, no basta con tener los proyectos nítidamente elaborados, al momento crucial de la asignación de recursos debe haber un profundo convencimiento, una decidida voluntad política de parte del Presidente de la República y de los miembros del gabinete, todos deben estar comprometidos con las metas y exigencias para llevarlas a cabo, impidiendo que al momento de elaborar las previsiones presupuestarias lo urgente le robe recursos a lo importante.

Para lidiar con este inconveniente se han propuesto varios esquemas para evitar que los recursos del sector dependan de la discrecionalidad de algunos miembros del gabinete económico, y para garantizar que estos recursos lleguen a pesar de cambios de gabinete y hasta de gobiernos. Uno de los mecanismos propuestos es el de crear un fondo para educación proveniente de algunas fuentes especiales derivadas de ingresos específicos, tales como porcentaje de ciertos impuestos, etc.; otra propuesta es determinar por ley que un porcentaje del PIB deba destinarse al área de educación (ya han propuesto que se dedique un 7% del PIB).

El presidente de EE UU Bill Clinton en su mensaje a la nación de 1997 indicó que el gobierno federal de su país destinaría un treinta por ciento de su presupuesto total para reforzar la educación. Como lo pone el ex-ministro Antonio Luis Cárdenas, para ese mismo año:

En nuestro país el gasto público consolidado- que incluye el del Ministerio de Educación, el de las gobernaciones y los Municipios- se ha mantenido siempre, en relación, con el PIB, en una tasa muy baja, alrededor de la mitad de lo que invierten proporcionalmente en educación los países desarrollados. Si estos países destinan alrededor del diez por ciento de su PIB a la inversión educativa, la tasa histórica de Venezuela es de un cinco por ciento, incluso con tendencia a la baja en los últimos años. Para 1993 fue de sólo el 3,6 % y no ha mejorado recientemente.

¿Es que podemos darnos el lujo de invertir proporcionalmente en educación la mitad o un poco más de un tercio de lo que invierten los países desarrollados? ¿no estamos nosotros más urgidos de formación? Hay que repetirlo una y otra vez, el principal capital de los países en desarrollo lo constituye el conocimiento, por eso planean invertir los recursos que la educación require..

El llamado a una mayor inversión en educación luce ilegítimo según la opinión de vastos sectores del país, porque el sistema es ingobernable e ineficiente. La opinión generalizada es que más dinero no redundará en mejoras educativas, porque tal como funciona el sistema los fondos no llegarán a quienes lo necesitan, se quedarán por el camino en manos de los protegidos y beneficiarios del sistema de reparto clientelar. Una opción para legitimar el aumento en la inversión es atacar las fuentes de ingobernabilidad; una segunda opción es movilizar a la gente común alrededor de propuestas positivas, metas comprensibles y atractivas asociadas con acciones concretas que avalen la inversión de recursos, ese es el sentido de presentar dos metas sencillas como la extensión del calendario escolar a 200 días de clases y la reimplantación de la jornada escolar completa.

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Distribución del presupuesto

Otro de los temas a revisar cuando se habla de presupuesto es la distribución de éste en los distintos niveles de la educación. Consideremos algunos cuadros para ilustrar la situación:

Aquí observamos que más del 80 por ciento de los estudiantes pertenece a la Educación Básica, pero, ¿cómo son distribuidos los recursos?:

Podemos observar que históricamente el gasto por nivel ha estado parejo entre los estudiantes de Básica y los de la Educación Superior. Pero al tomar en cuenta la matrícula obtenemos el siguiente gasto per capita:

Estos gráficos evidencian un punto central de la discusión en torno al presupuesto universitario, durante la década de los ochenta y los noventa, la educación universitaria ha sido financiada con un promedio del 38% del presupuesto del Ministerio de Educación, mientras que para la Educación Preescolar y Básica el promedio es del 22% a pesar de que cerca del 80% de los alumnos de la educación pública pertenecen a estos niveles educativos. De hecho, en promedio, entre 1994 y 1997 la inversión (en bolívares de 1984) por estudiante de Educación Superior oficial ha sido de 15.736 bolívares, mientras que para el sector de Educación Básica la cifra es de 3.751 bolívares.

Si bien esto puede justificarse porque la Educación Superior es mucho más costosa que la Básica, Venezuela gasta en ella, en porcentaje, casi el doble del promedio de América Latina (48,6% versus 25,4%). Esta situación genera inequidad al comprobarse que las dos terceras partes de los estudiantes de las universidades públicas provienen del veinte por ciento de la población que tiene el nivel más alto de ingresos. Mientras el presupuesto que debería suplir el Estado para la Educación Básica oficial termina sufragado por los padres de los alumnos de este nivel, con altas cuotas de inscripción, contribuciones especiales, etc. Hecho que parece no dolerle a nadie, siendo que más que cualquier matrícula, la principal traba para los sectores populares de disfrutar de los beneficios de la Educación Superior es la baja calidad y las deficiencias presupuestarias de la Educación Básica.

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