Gratuidad de la enseñaza

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Gratuidad de la enseñanza en la educación básica

En principio, la gratuidad de la enseñanza de la Educación Básica, Media y Diversificada es un derecho consagrado tanto por la antigua Constitución Nacional del 61 como por la recientemente aprobada:

"Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones, y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y de las aptitudes.

La educación será gratuita en todos sus ciclos. Sin embargo, la ley podrá establecer excepciones respecto de la enseñanza superior y especial, cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna."

Constitucion del 61, Artículo 78, Capitulo IV, Derechos Sociales; De los Deberes, Derechos y Garantías

"La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria…"

Constitución del 2000, Artículo 102, Capítulo VI, De los Derechos Culturales y Educativos

¿Pero qué ocurre en la práctica?

En el quehacer educativo cotidiano, bajo la vieja o la nueva constitución, vemos con sorpresa y desaliento que la educación pública gratuita en muchos planteles oficiales hoy día es más costosa que en muchos establecimientos privados. Y esto haciendo un cálculo inmediatista de los costos directos de derechos de inscripción, cuotas de la sociedad de padres y representantes, aportes a las comunidades educativas y otras contribuciones especiales. Sin entrar a considerar costos más intangibles acarreados por una formación deficiente que se manifiesta a través del sistema educativo con repitencia, deserción, etc.; y para los que logran culminar los estudios de bachillerato, el costo de fracasar en su intento de acceder a la Educación Superior debido a la carencia de habilidades para superar la barrera de los exámenes de admisión, o si son aceptados, el costo de cursar una carrera para después abandonarla luego de largos años de permanencia en la universidad. Esto, pensando solamente en el área educativa, en el área laboral podríamos plantearnos lo que implican las limitaciones de rendimiento y productividad debido al poco desarrollo de destrezas básicas para el desempeño en cualquier empleo; según algunas empresas la mano de obra venezolana a veces es "inentrenable". Y en el área netamente humana ¿cómo contabilizar los costos emocionales de la deficiencia de aprendizajes de convivencia, solidaridad y otros valores humanos y espirituales?.

La educación es deficiente y costosa para las familias pobres. Un niño pobre tarda casi nueve años en culminar seis años de educación primaria, y después de tanto tiempo y sacrificio, egresa con una formación insuficiente en lectura, escritura y matemáticas. Las instituciones públicas no se están preocupando de la enseñanza en sí, sino que se convierten en muchos casos en meros medios de trámite para conseguir el aval de un certificado de primaria o bachillerato sin mayores consideraciones sobre la calidad de la formación.

Si no se puede hablar de privatización, porque las escuelas oficiales siguen bajo una gestión administrativa pública regida por el Estado, ésta, para muchos, sí ha dejado de ser gratuita, produciéndose de hecho una especie de matricularización, la extracción consuetudinaria de recursos a las familias para sufragar gastos operativos de las escuelas, lo cual, por supuesto, tiene visos inconstitucionales.

Ya es un lugar común que todo Gobierno postule a la educación como una de sus principales prioridades, pero en el día a día vemos que esto no es más que retórica.

Veamos algunos ejemplos de la perversión del sistema.

Para comenzar, a las escuelas se les otorgan insuficientes fondos de funcionamiento, hasta hace poco tiempo, el Estado sólo asignaba 125 Bs. por alumno para gastos de tipo operativo, compra de tizas, etc. lo cual a todas luces es insuficiente, y hay que descontar que ha veces ni siquiera llegan esos fondos insuficientes. Debido a esto las escuelas oficiales se han visto en la necesidad de recurrir a incrementos constantes y crecientes en el cobro de derechos de inscripción. En el año de 1997-98 este cobro alcanzó cotas de hasta 80.000 Bs., en otras rondó por los 60.000 y los 25.000 Bs. fueron muy pocas las que llegaron a cobrar tan sólo 5.000 Bs. Mientras en las escuelas de Fe y Alegría, por ejemplo, instituciones de gestión privada de servicio social, se cobran mensualidades de 1.500 Bs. pagándose en total alrededor de 25.000 Bs. al año. Es de hacer notar que en el reciente año lectivo, por decreto presidencial, se dispenso el cobro de cualquier cuota de inscripción para aquellos que alegaran no tener recursos. Aunque muchos se acogieron a esta prerrogativa, muchos sí cancelaron dichas cuotas para garantizar el funcionamiento de los planteles.

Muchas veces la escuela pública tampoco posee fondos para la cancelación de las suplencias a los maestros titulares, las cuales deben ser sufragadas por los padres y representantes aportando cuotas para el llamado Fondo de Suplentes; además de exigírseles contribuciones extraordinarias para correr con gastos de reparaciones y dotaciones especiales.

Notamos que se viola la constitución cuando el Estado no es capaz de sostener escuelas, instituciones y servicios lo suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y las aptitudes. Dadas las perversiones del sistema en las escuelas gratuitas puede producirse exclusión por motivos económicos del sector más vulnerable de la población.

Se puede decir que la escuela pública se ha privatizado de la peor manera, no porque haya pasado a manos de la administración de particulares sino porque priva a los más pobres de ejercer su derecho constitucional de disfrutar y derivar beneficios legítimos de la educación, y de no ser excluido debido a sus condiciones económicas. Con el agravante de que los adultos pobres no sienten ni siquiera el problema porque el nivel educativo promedio de sus hijos es de 2,5 años más elevado que el suyo, por lo que están conformes con el poco nivel que puedan alcanzar sus hijos.

La discusión en torno al problema de la gratuidad de la Educación Básica actualmente en Venezuela tiene que tomar en cuenta que nuestra actual educación gratuita ya es cara para los desposeídos.

Otra discusión que surge a menudo al hablar de la gratuidad es si las escuelas deben pasar al control privado o no. Para algunos, la administración en manos de particulares no constituye ningún tipo de amenaza para la educación pública ni para el Estado. En cambio, para otros, esto constituye un proceso ilegítimo de privatización que le resta poder al Estado en el control del sistema educativo, y por ende, sobre el proceso de construcción del Estado. Aunque funcionarios del Ministerio de Educación del gobierno pasado, como Norma Odremán, ex-Directora General Sectorial de Docencia, aclaro en su momento: "en Venezuela toda la educación es pública. Tanto las escuelas estatales como los planteles dirigidos por particulares prestan un servicio público. De hecho, los planteles llamados privados funcionan por autorización expresa del Ministerio de Educación con programas aprobados por el Estado, rigiéndose en su desempeño por los programas y normativas emanados de ese despacho. De esta manera, hablar de educación privada y educación pública no es, por lo menos, totalmente cierto".

¿Implica la gestión comunitaria, o en manos de particulares, de la educación gratuita una pérdida de control sobre el sistema educativo por parte del Estado? ¿Es la gestión directa del Estado la única garantía de control sobre el sistema educativo? ¿Es necesario que el Estado administre directamente las escuelas para garantizar una educación pública desde el punto de vista doctrinal, o nada más basta con regular?

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Educación Superior

El cobro en la Educación Superior ha sido un tema controversial en estos últimos tiempos por la discusión en el antiguo Congreso, hace poco más de un año, del Proyecto de Ley de Educación Superior, y por la capacidad de la comunidad universitaria de tener presencia en los medios de comunicación social, además de las consabidas y llamativas alteraciones del orden público.

Estas protestas contrastan con el silencio cómplice sobre los padecimientos de la Educación Básica. Mientras la Educación Superior se lleva la parte del león del presupuesto educativo, los estudiantes y profesores universitarios son capaces de movilizarse y movilizar a la opinión pública para que se les asigne más recursos, o para evitar que les pechen a los alumnos el usufructo de ella. En contraste, la Educación Básica gratuita parece no tener dolientes, siendo allí donde se comienza a gestar la masiva exclusión de las clases bajas de la Educación Superior.

Además, hay quienes critican la eficiencia administrativa de las instituciones de educación superior afirmando que si a las universidades le aumentan el presupuesto hoy, mañana estarán pidiendo un nuevo y creciente presupuesto "justo" para funcionar.

Sobre este tema controversial hay varias posturas, la más consensual es que los que tengan bienes de fortuna paguen por su educación para subvencionar a los más necesitados. Sin embargo hay quienes temen que esta sea la puerta franca para que en un futuro se pase a cobrarles a todos sin excepción, a cuenta de falta de presupuesto, crisis financiera, etc.

En el caso de la universidades públicas muchas personas de escasos recursos ya se autoexcluyen, debido a que las universidades son muy costosas, no sólo en matrículas libros y materiales, es costosa para quién no puede invertir por lo menos 5 años improductivos para terminar una carrera. Muchos estudiantes de las clases bajas que logran llegar al nivel superior recurren a la opción de los colegios e institutos técnicos universitarios privados, que han proliferado en los últimos años impulsados por un demanda creciente, con horarios, cargas y exigencias académicas más flexibles que permiten trabajar y estudiar, pagando una matrícula accesible. Pero incurriendo los estudiantes en costos de mala formación y poca competencia profesional.

En Chile, donde se cobra matrícula universitaria desde hace algún tiempo, han confrontado problemas con el descenso de la calidad de la formación de los profesionales, y de las instituciones en general, pasando a crear organismos y métodos para contrarrestar este efecto.

¿Puede pasar esto en Venezuela?

¿Es realmente el cobro de matrícula una solución al problema del financiamiento de las universidades?

¿Es función de la universidad ser un medio redistributivo de riqueza, para que los ricos financien a los pobres?

¿Es el cobro de matrícula un medio efectivo de disciplinar a los educandos?

¿Se invertirá la antigua provisión para que todos paguen su educación superior excepto los que carezcan de medios de fortuna?

¿Saldrán perjudicados los estudiantes de la ya golpeada clase media al no calificar cabalmente como pobres ni poseer riqueza para costear su educación?

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